Fiel a su estilo bajo la conducción de Rosario Piedra, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “como momia”, calla frente al estruendoso embate presidencial contra un ciudadano vulnerado en sus derechos a la privacidad, en su buen nombre, en su dignidad y protección de sus datos personales, en su seguridad jurídica y física (individual y familiar) y en su libertad de expresión y prensa. Las enlistadas aquí son garantías constitucionales, protegidas también en instrumentos internacionales, en leyes secundarias, en reglamentos y en la normatividad. Degradada y convertida (era un respetable órgano autónomo del Estado), en esa institución existe un olvidado Programa de Agravio a Periodistas, pero quienes lo manipulan prefieren ser omisos y sectarios. La CNDH debió actuar desde que comenzaron las calumniosas descalificaciones a periodistas e intelectuales, pero los ataques aumentaron y se desbordaron el viernes contra Carlos Loret de Mola, y ni así cumplió su obligación de iniciar ipso facto un Expediente de Queja por Presuntas Violaciones Graves a Derechos Humanos (para lo cual ni siquiera se necesita una denuncia previa). Al propio Presidente y a la Secretaría de Hacienda tenía que solicitar la implementación de Medidas Cautelares Urgentes para que cesaran los actos violatorios y se preservaran y garantizaran los derechos del agraviado y los de todos quienes podrían verse afectados por difundir la información revelada por Loret y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. De no ser por órdenes o simple servilismo, ¿qué impide a la CNDH contactar al periodista para otorgarle respaldo institucional y ofrecerle acompañamiento en la tramitación de acciones en defensa de sus derechos? ¿O qué para gestionar la inscripción del afectado en el ya muy cuestionado Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, a pesar de su inutilidad en los recientes casos de periodistas asesinados? Y porque AMLO es el presunto violador de derechos elementales, la CNDH debiera acompañar a la víctima ante la Comisión Interamericana para que ésta, a su vez, solicite Medidas Cautelares al gobierno mexicano. Más aún, apoyarlo en la presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República, así como instar al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a decirle y advertirle al Ejecutivo federal y sus dependencias implicadas que no tienen derecho a difundir datos de la víctima y hacer una declaración pública condenando el hecho que ha puesto la institucionalidad y la constitucionalidad patas arriba. Hacer, en fin, todo lo que le corresponde para preservar la seguridad e integridad del periodista, con diligencias elementales que cualquier institución respetable debiera practicar. A pesar de que traiciona la naturaleza de su misión, con su silencio se vuelve a delatar como es: un ente incondicional y cómplice de la deshilachada y alevosa cuarta transformación…
Carlos Marín
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